El proyecto de la represa de Casupá avanza en el plano administrativo y financiero. Sin embargo, la megaobra enfrenta duros cuestionamientos en el territorio por parte de técnicos y productores.

El gobierno uruguayo consolidó el financiamiento de la obra. Lo hizo mediante la firma de un préstamo de 130 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Con estos fondos, las autoridades ratificaron que los trabajos comenzarán formalmente a inicios de 2027.

En paralelo, OSE concretó a fines de abril la firma para expropiar el primer predio en Florida. Allí se instalará el obrador que funcionará como centro logístico para el almacenamiento de materiales y maquinaria. Esta primera acción física desató el rechazo inmediato de los vecinos de la zona.

La justificación técnica de la empresa estatal apunta a incrementar las reservas de agua dulce. Según datos oficiales, el sistema actual cuenta con unos 80 millones de metros cúbicos entre Paso Severino y Canelón Grande. La construcción del nuevo embalse aportará 118 millones adicionales para alcanzar un escudo hídrico total de 200 millones de metros cúbicos.

Impacto ambiental y riesgo sísmico

Vista aérea del Parque Mangueras de los Artigas sobre el arroyo Casupá, Florida.
El Parque Mangueras de los Artigas un emblemático espacio histórico y natural sobre el arroyo Casupá

Las notificaciones de expropiación afectan de forma directa a unos 35 propietarios rurales de Florida y Lavalleja. Álvaro Rivadavia, vocero de los vecinos afectados, señaló en entrevista con Radio Monte Carlo que las medidas estatales destruyen hogares y unidades productivas sin contar con un informe ambiental favorable.

Actualmente, el proyecto está clasificado por las autoridades reguladoras como Categoría C. Esta franja normativa se reserva exclusivamente para megaobras capaces de generar impactos ambientales negativos significativos e irreversibles.

El colectivo de vecinos denuncia que las condiciones de la cuenca cambiaron de forma drástica. Tras la severa sequía de 2022-2023, la actividad forestal en la zona se expandió hasta alcanzar las 10.000 hectáreas. Esta masa de árboles exóticos incide directamente en la disponibilidad de agua dulce y aumenta la vulnerabilidad del sistema.

A este panorama se suma el riesgo sísmico en la región. El Observatorio Geofísico del Uruguay registró, con posterioridad a 2020, movimientos sísmicos en Florida y Lavalleja de hasta 4.9 y 3.9 en la escala de Richter. Distintas fuentes técnicas advierten que esta actividad tectónica reciente obliga a revisar la seguridad estructural del muro previsto.


Represa de Casupá: ¿realmente es un proyecto clave para garantizar el agua?


El nuevo escenario del sistema hídrico

Factores de Riesgo y Datos TécnicosSituación Original del ProyectoNueva Realidad Territorial (Mayo 2026)
Clasificación AmbientalEvaluación de rutinaCategoría C (Impacto significativo e irreversible)
Actividad Sísmica LocalConsiderada nula o despreciableSismos de hasta 4.9 Richter registrados por Udelar
Uso del Suelo en la CuencaPresencia forestal casi nula10.000 hectáreas forestadas que afectan el caudal
Financiamiento y PlazosSin fondos / Inicio en 2026Crédito CAF aprobado / Inicio postergado a 2027

El acuífero aluvial como alternativa

El avance de las expropiaciones reactivó el debate en el sector científico hídrico. El geólogo Guillermo Popelka presentó un proyecto alternativo basado en el uso del acuífero aluvial del río Santa Lucía. Según explicó el especialista, Uruguay cuenta con una disponibilidad de agua subterránea subutilizada que requiere una mejor gestión.

La extracción de este recurso presenta ventajas críticas en su calidad originaria. Al requerir solo procesos de cloración para su potabilización, esta característica permitiría a OSE ahorrar entre 5 y 10 millones de dólares anuales en reactivos químicos.

En términos territoriales y económicos, la propuesta de Popelka requería una inversión significativamente menor. Además, evitaba el costo social de las expropiaciones, debido a que gran parte de los predios involucrados son de propiedad fiscal.

Los estudios presentados afirmaban que la extracción controlada no generaría afectaciones en los bañados ni en la vegetación autóctona de la zona. Pese a la viabilidad de este modelo técnico, la administración estatal mantiene firme su decisión política de avanzar de forma exclusiva con la infraestructura de la represa de Casupá.


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Periodista especializada en política ambiental. Cubre agendas climáticas y justicia ecológica con enfoque territorial.

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