América Latina y el Caribe enfrentan un escenario crítico. Un estudio reciente de la Escuela del Clima de la Universidad de Columbia, respaldado por la Fundación Rockefeller, advierte que la región es la segunda más vulnerable del planeta ante la crisis ambiental y, al mismo tiempo, una de las que menos financiamiento climático recibe para combatirla.
El reporte presenta el Índice de Vulnerabilidad al Financiamiento Climático (CliF), una herramienta que evalúa 188 países cruzando dos variables clave. Una la exposición a desastres naturales y la otra la capacidad económica para recuperarse.
Los ocho países más expuestos de la región
El diagnóstico ubica a 65 naciones en nivel de «riesgo máximo» a nivel global. Dentro de esa lista crítica figuran ocho países latinoamericanos:
En conjunto, estos territorios albergan a más de 105 millones de personas atrapadas entre el impacto de fenómenos extremos y la falta de presupuesto para la prevención, señaló Jeff Schlegelmilch, especialista del Centro Nacional de Preparación para Desastres de Columbia.
La crisis climática ya no es una amenaza futura. Es una realidad que se entrelaza con la deuda, el acceso desigual a capital y la falta de herramientas para la adaptación.
Una vulnerabilidad estructural proyectada a 2080
Al analizar escenarios hacia 2050 y 2080 —considerando variables como emisiones, crecimiento demográfico y cooperación internacional—, siete de estos ocho países permanecen en la «zona roja» en todas las proyecciones. Esto demuestra que la fragilidad de la región no es coyuntural, sino una brecha estructural.
Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina necesitará entre 470.000 millones y 1,3 billones de dólares para cumplir las metas del Acuerdo de París. Sin embargo, los altos costos de endeudamiento y las trabas burocráticas bloquean el flujo de esos recursos hacia las comunidades más afectadas.
Frente a esta barrera, el índice busca transformar la distribución de la ayuda global. “El indicador CliF ofrece una herramienta concreta para que donantes y bancos prioricen inversiones basándose en datos de riesgo real y no únicamente en el PIB per cápita”, explicó Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina de la Fundación Rockefeller.
