En diciembre de 2025, mientras el Ministerio de Ambiente autorizaba cuatro campañas de prospección sísmica en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), dos organizaciones ambientales preparaban una demanda contra ANCAP por los contratos petroleros que podría alterar la política energética del país y abrir un debate incómodo en el Cono Sur.
La pregunta que plantean es directa y de alcance global. ¿Puede un Estado habilitar la exploración petrolera en un territorio que él mismo declaró Santuario de Ballenas y Delfines, en uno de los hotspots de biodiversidad y calentamiento oceánico más críticos del planeta?
El 20 de agosto de 2026, la Asamblea Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (SO.CO.BIO.MA.) presentaron ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno una demanda principal declarativa de nulidad absoluta de todos los contratos petroleros firmados por la empresa estatal ANCAP. El escrito da un paso decisivo tras la histórica movilización ciudadana y científica que logró desarchivar la causa judicial contra la prospección sísmica en el mar uruguayo.
“Esta demanda no es una demanda autónoma como tal, sino que se presenta y se circunscribe en el proceso cautelar ya iniciado en noviembre del año pasado”, explicó a Ambienta el Dr. Pedro Riera, abogado patrocinante de los colectivos. La referencia remite al pedido de no innovar presentado antes de que el Ministerio de Ambiente otorgara las autorizaciones previas para la prospección sísmica.
El documento, de más de cien páginas, sostiene que los acuerdos con CEG, Chevron, Shell, APA y MIWEN/YPF son nulos de pleno derecho —al igual que los contratos sísmicos multicliente con CGG, PGS y Searcher— y argumenta que el Poder Judicial no solo puede, sino que debe declararlos inválidos.
La afirmación es extraordinaria. El documento que la fundamenta, también.
Más de 200 mil kilómetros cuadrados en riesgo: la riqueza biológica amenazada por la prospección
El mar uruguayo, con más de 200.000 km², es un punto de encuentro entre seis masas de agua: la corriente cálida de Brasil, la fría de Malvinas y la descarga del Río de la Plata. Esa interacción genera uno de los ecosistemas más dinámicos y productivos del Atlántico Sur.
El propio Ministerio de Ambiente lo reconoce como una región crítica para cetáceos, tiburones, tortugas y aves marinas. Así como una de las áreas con mayor potencial de conservación del continente. Sin embargo, esa misma institución autorizó las campañas sísmicas que hoy están en el centro del litigio.
La riqueza biológica convive con una vulnerabilidad extrema. El Atlántico Sudoccidental es uno de los principales hotspots de calentamiento oceánico del mundo. Las olas de calor marinas se intensifican, los ciclos biológicos se alteran y la resiliencia del ecosistema se erosiona. En ese contexto, cualquier presión adicional —ruido industrial, perforación, derrames— adquiere una dimensión distinta.
La demanda parte de esa premisa: la frontera fósil no es solo riesgosa; es incompatible con la realidad ambiental y climática del país.
Pulsos de 260 decibeles y varamientos: el impacto de la prospección sísmica en la fauna marina
La primera campaña sísmica ya ocurrió. Entre febrero y abril de 2026, el buque de CGG recorrió más de 50.000 km² disparando pulsos de entre 230 y 260 decibeles cada ocho a veinte segundos. Un informe técnico firmado por ocho científicos uruguayos y extranjeros describe la prospección sísmica como “una de las fuentes de ruido más intensas generadas por una actividad industrial en el océano”.
El sonido viaja miles de kilómetros. Su impacto no se limita al área del buque: trasciende fronteras, ignora límites territoriales y afecta a especies por igual. Y bajo determinadas condiciones oceanográficas puede alcanzar escalas transoceánicas, superando los diez mil kilómetros, lo que cuestiona cualquier evaluación de impacto basada en radios de afectación reducidos.
Durante la campaña, los propios reportes de la petrolera CGG registraron 385 avistamientos de fauna sensible, 113 detecciones acústicas y más de cien apagados de cañones por presencia de animales.
En paralelo, a partir de alertas de la Cámara de Industrias Pesqueras y reportes en costas locales, aparecieron una ballena muerta a dos millas de la ruta del buque, una cría de orca varada en Punta del Este y tortugas de siete quillas en distintas playas.
La demanda no afirma causalidad directa. Pero recuerda que el derecho ambiental opera sobre el riesgo, no sobre la certeza. Y que la Ley 19.128 prohíbe toda “molestia intencional” a ballenas y delfines, incluyendo el dolo eventual: aceptar como probable un daño grave y continuar.
El fantasma de un blowout: el pozo a 210 km de la costa que podría liberar 480 mil barriles de crudo
APA ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental para perforar un pozo exploratorio a 210 km de la costa, con 7.650 metros de profundidad. El propio documento admite que un blowout podría liberar 480.000 barriles de crudo y alcanzar la costa de Rocha en 34 días.
Uruguay no tiene capacidad de respuesta para un derrame de esa magnitud. La falla de la boya de José Ignacio en 2025 —70 litros de crudo y seis semanas de parálisis— fue un recordatorio incómodo de esa fragilidad. Ningún país con una costa abierta y sin infraestructura de contención profunda podría responder a un blowout de ese tipo.
La demanda sostiene que habilitar perforaciones en ese contexto constituye un abuso de derecho: una conducta que, aun siendo formalmente legal, se vuelve ilícita por su disfuncionalidad socioambiental.
Fallo histórico de tres tribunales globales: por qué abrir la frontera petrolera vulnera el derecho internacional
La demanda no solo debate el marco legal uruguayo. Incorpora un frente internacional que se ha vuelto crecientemente hostil a la expansión de los combustibles fósiles. En los últimos dos años, tres de los máximos tribunales del planeta redefinieron las reglas del juego.
Por un lado, el Tribunal del Derecho del Mar estableció que las emisiones contaminan el océano, mientras que la Corte Internacional de Justicia determinó que autorizar nuevas prospecciones fósiles vulnera las obligaciones de debida diligencia de los Estados. En el ámbito interamericano, la Corte IDH sumó una capa decisiva: declaró el derecho humano a un clima sano y prohibió a los países adoptar políticas regresivas que incrementen la vulnerabilidad de sus costas.
Vistos en conjunto, estos fallos señalan que la decisión de buscar petróleo en la plataforma continental uruguaya no solo tensiona la narrativa verde del país, sino que se expone a cuestionamientos en el plano del derecho internacional.
Abrir una frontera petrolera en 2026, en un país que ya proyecta un aumento de tres grados hacia fin de siglo y la pérdida de hasta dos mil hectáreas de playas, no es una decisión neutra. Es una apuesta que contradice los compromisos internacionales asumidos por Uruguay y tensiona su propia narrativa de liderazgo en energías renovables.
Extraer petróleo en Uruguay costaría 9 veces más que en Arabia Saudita: la quimera económica del proyecto
El físico Ramón Méndez lo sintetizó con crudeza: “Extraer petróleo en Uruguay podría costar hasta nueve veces más que en Arabia Saudita. Es una quimera”. El economista Marcelo Caffera calculó el costo social del carbono y concluyó que, por cada barril extraído, el daño climático supera ampliamente el beneficio económico. Y la literatura internacional estima que el valor ecosistémico de una ballena ronda los dos a tres millones de dólares.
La pregunta emerge sola: ¿qué sentido tiene abrir una frontera fósil en un país que ya apostó por las renovables y cuya matriz energética es una referencia global?
El juicio que puede sentar un precedente histórico en la transición energética de la región
“Es la primera vez en la historia de nuestro país que todo nuestro offshore en la Zona Económica Exclusiva está comprometido a empresas privadas”, advierte el Dr. Pedro Riera sobre la dimensión del caso. “Esta acción declarativa no va contra una autorización ambiental previa de forma aislada, como usualmente se litiga en estos temas, sino que va en contra de los contratos: va a la raíz”.
La demanda no es solo un desafío jurídico. Es un espejo. Obliga a Uruguay a mirarse en un momento en que el mundo discute la salida de los combustibles fósiles y en que los océanos —cada vez más calientes, más ruidosos, más frágiles— se vuelven el escenario central de la crisis climática.
Si prospera, el litigio podría convertirse en un precedente regional: un país que decide que su mar, su biodiversidad y su clima valen más que una promesa incierta de petróleo.
Si no prospera, quedará planteada otra pregunta, más incómoda y más profunda: qué estamos dispuestos a sacrificar para sostener una ilusión fósil en pleno siglo XXI. Y la región, inevitablemente, estará mirando.
