La protesta por Casupá sumó un nuevo capítulo de tensión tras la movilización del 5 de agosto en la Plaza Independencia de Montevideo. El colectivo «Vecinos del Casupá» encabezó la jornada en rechazo al proyecto hídrico. La marcha reunió a organizaciones rurales, colectivos ambientales, culturales y gremiales. Durante la actividad, la delegación entregó en Torre Ejecutiva más de 800 firmas dirigidas al presidente Yamandú Orsi. El objetivo central es exigir una audiencia urgente ante la falta de diálogo.
La movilización contó con el acompañamiento de la Federación Rural del Uruguay (FRU) en defensa del territorio y las familias afectadas. La jornada coincidió con el avance del conflicto en el plano institucional. En paralelo, la oposición política presentó una acción en la Justicia. La medida busca frenar la licitación de OSE hasta que se evalúen los impactos del proyecto.
Entre los argumentos centrales, la agrupación sostiene que el proyecto omite evaluar alternativas de menor impacto. Además, afirman que la obra no ayuda a diversificar las fuentes de agua, lo que pondría en riesgo la propia seguridad hídrica. Asimismo, los vecinos cuestionan a las autoridades por avanzar con la licitación antes de contar con el estudio de impacto ambiental correspondiente.
La protesta por Casupá y el impacto social en Florida
En esa línea, el vocero de los vecinos, Álvaro Rivadavia, advirtió sobre las consecuencias locales de la obra. “La cuenca de Casupá ya integra la cuenca del Santa Lucía; el agua que junta esa cuenca igual va a llegar a Aguas Corrientes”, señaló. Y agregó: “Lo único que se va a hacer con esto es generar un muro que va a concentrar el agua en una zona inadecuada, provocando un daño ecológico, ambiental, económico y humano”.
Los manifestantes detallaron los impactos del proyecto en el territorio. La obra afectará de forma directa a entre 90 y 100 familias. Además, dejará bajo agua “los mejores campos productivos” de la zona y alterará el desarrollo de una cuenca de más de 60.000 hectáreas.
Por su parte, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, ratificó el respaldo de la gremial a los pobladores. Asimismo, cuestionó con dureza la eficiencia del ente estatal: “Queremos aportar a la solución estructural del agua potable para la zona metropolitana, pero cuestionamos a OSE, que siendo una empresa pública monopólica, pierde el 65% del agua que potabiliza”.
Frente judicial: la demanda para frenar a OSE
En paralelo a la protesta por Casupá en las calles, dirigentes y partidos políticos de la oposición llevaron el reclamo a la Justicia. El objetivo principal es paralizar la licitación pública internacional. Además, buscan frenar cualquier avance administrativo o expropiatorio hasta que se garantice el cumplimiento de las normas ambientales.
La acción judicial exige a OSE el cese inmediato de toda gestión financiera, contractual o material vinculada al proyecto. Asimismo, la demanda pide congelar el proceso licitatorio internacional. Esta suspensión se mantendría hasta que el ente obtenga la aprobación ambiental correspondiente y cumpla los requisitos legales.
Finalmente, los demandantes solicitaron medidas cautelares urgentes. La intención es evitar situaciones patrimoniales irreversibles antes de que la Justicia emita un fallo definitivo.
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Informe técnico: Casupá vs. Río de la Plata
La acción judicial incluyó un informe técnico comparativo. El documento analiza la represa de Casupá frente a la alternativa de captar agua desde el Río de la Plata. Además, expone severos riesgos ambientales y operativos para el proyecto en Florida.
En primer lugar, el embalse inundaría hasta 4.000 hectáreas productivas. También destruiría 426 hectáreas de monte nativo. A esto se suma el deterioro en la calidad del agua. La represa almacenará 120 millones de metros cúbicos en una cuenca pequeña. Por esta razón, el tiempo de retención del agua será ocho veces mayor al de Paso Severino. Esta situación eleva el peligro de floraciones de cianobacterias por acumulación de nutrientes.
La recuperación ante un vaciamiento también genera alarmas. Paso Severino demora hasta dos meses en normalizarse. En cambio, Casupá demandaría entre 8 y 16 meses para recuperarse.
El estudio de la oposición destaca que el Río de la Plata posee una cuenca 4.500 veces mayor. Esta opción ofrece inmunidad frente a sequías locales. Asimismo, permite bombear 200.000 metros cúbicos diarios sin inundar campos agrícolas.
Sin embargo, esta alternativa revive una intensa controversia. Durante la administración anterior se impulsó el proyecto Neptuno/Arazatí en esa misma zona. En aquel momento, la Universidad de la República y ambientalistas advirtieron sobre impactos significativos. Entre ellos, señalaron el riesgo de salinidad en el agua potable y afecciones a los Humedales del Santa Lucía.
Participación ciudadana y tendencias globales
El documento judicial respalda sus reclamos en el artículo 47 de la Constitución. Esta norma garantiza el derecho de la sociedad civil a participar en la planificación y gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, los demandantes denuncian que no se dio un cumplimiento cabal a estas instancias. Señalan fallas en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía y en el Consejo Regional del Río de la Plata.
Asimismo, el informe recuerda que la construcción de grandes represas está en declive global. Esta tendencia responde a sus crecientes impactos socioambientales. En ese sentido, el documento cita las políticas de la Unión Europea. Dichas medidas están enfocadas en desmantelar infraestructuras duras para devolver la escorrentía natural a los ríos.
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El Poder Ejecutivo mantiene el rumbo estratégico
Pese a la protesta por Casupá y a las acciones judiciales, el gobierno de Yamandú Orsi reafirmó su intención de continuar con el megaproyecto. La obra prevé un embalse de 118 millones de metros cúbicos en Florida. Su objetivo es asegurar el abastecimiento de 1,6 millones de personas en la zona metropolitana.
En mayo de 2026, OSE concretó un préstamo con la CAF por 130 millones de dólares. De ese total, destinará 20 millones a expropiaciones, donde ya ejecutó 3,5 millones. Además, la empresa estatal prevé adjudicar la obra a fines de 2026 para iniciar la construcción a principios de 2027.
Ante la presión opositora y social, la postura oficial se mantiene firme. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, fue contundente al declarar que el Poder Ejecutivo no va a detener el proyecto y avanzará con la infraestructura.
