A solo 1.500 metros del Paisaje Protegido Laguna de Rocha y a 1.400 metros del Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Laguna Garzón, se desarrolla una creciente controversia socioambiental vinculada a la construcción del nuevo aeropuerto de Rocha. El predio seleccionado se sitúa dentro de la Reserva de Biósfera «Bañados del Este» de la Unesco y en un ecosistema amparado desde 2015 por el convenio internacional Ramsar.
La zona funciona como un corredor biológico clave para más de 220 especies de avifauna, entre residentes y migratorias. Allí se concentran poblaciones de flamencos y cisnes de cuello negro junto a aves transcontinentales —como los playeros— que realizan desplazamientos anuales desde geografías tan distantes como Alaska o las islas Malvinas.
Sobre este territorio de extrema fragilidad se planifica una terminal aérea para operar vuelos a baja altura en pleno corredor biológico. La iniciativa encendió las alarmas de la comunidad científica, el Ministerio de Ambiente y decenas de organizaciones civiles.
Las alertas apuntan a graves impactos ambientales. Entre ellos destacan la contaminación sonora, la alteración del hábitat y, fundamentalmente, el riesgo de colisión entre aeronaves y aves. En los informes técnicos, este último peligro fue calificado como un hecho de «alta» probabilidad y «muy alta» consecuencia.
Pese a la recomendación explícita de buscar localizaciones alternativas para salvaguardar el ecosistema y la seguridad operacional, la decisión comercial y los trámites administrativos para avanzar en ese predio específico continúan su curso.
Un proyecto de USD 40 millones para vuelos ejecutivos
El origen de la iniciativa se remonta a noviembre de 2025. En esa fecha, el Senado aprobó por unanimidad modificar el artículo 2 de la Ley N.º 19.925 del Sistema Nacional de Aeropuertos. La norma extendió la concesión de Laguna del Sauce y habilitó la construcción de una nueva terminal en Rocha.
El proyecto no apunta a vuelos comerciales regulares. Su objetivo es captar el tráfico de jets privados, aviación ejecutiva y chárteres en los destinos costeros más exclusivos.
Detrás de la obra está Aeropuertos Uruguay, firma local de Corporación América Airports. El plan prevé una inversión de 40 millones de dólares. Como primer paso, la empresa compró 209 hectáreas sobre la ruta 10, frente al desarrollo «Las Garzas» del empresario Eduardo Costantini. La tierra se negoció entre 40.000 y 45.000 dólares la hectárea, con un desembolso inicial de entre 8.3 y 9.4 millones de dólares.
El diseño contempla una pista de 1.350 metros, ampliable a 1.600 metros en una segunda etapa. La terminal recibirá hasta 50 personas y proyecta unas 1.000 operaciones anuales.
La paradoja del proyecto está en sus propios antecedentes. El grupo gestiona 52 aeropuertos en países como Argentina, Brasil, Italia y Ecuador. En este último opera la terminal de Galápagos, diseñada como la primera ecoterminal aérea del mundo. Sin embargo, en Rocha la ubicación elegida desató un fuerte choque técnico e institucional.
El choque entre Ambiente y la aviación civil
La ubicación propuesta por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) desató una fuerte discrepancia con las autoridades ambientales.
La controversia comenzó con la clasificación del proyecto. Mientras la Dinacia solicitó encuadrarlo en categoría B (impactos moderados y mitigables), el Área de Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente exigió la categoría C.
Esta última es la más rigurosa e implica la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental completo por el riesgo de daños significativos.
La aviación civil defiende la ubicación elegida. El titular de la Dinacia, Alejandro Trujillo, sostuvo que el proyecto no dañará el entorno. Como antecedente, recordó que el Aeropuerto de Carrasco se construyó sobre bañados sin perjudicar a la flora ni a la fauna de la zona.
Sin embargo, en el Ministerio de Ambiente la postura es opuesta. Los informes técnicos advierten que las rutas de vuelo pueden provocar colisiones con aves y alteraciones graves en la fauna por ruido.
Ante la evidencia de los informes, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, fue categórico al señalar que «debe buscarse otra ubicación». Pese a la advertencia oficial, la aviación civil mantiene el trámite formal en el terreno original.
Los informes técnicos advierten sobre el riesgo con las aves
La controversia suma un sólido cuerpo de informes técnicos e independientes. El 20 de julio de 2026, especialistas del Centro Universitario Regional Este (CURE) enviaron un documento a los ministerios de Defensa Nacional y Ambiente, y a la Intendencia de Rocha. El dictamen advierte sobre el riesgo directo para más de 200.000 aves y recomienda evaluar formalmente sitios alternativos.
En agosto de 2026, la consultora Geo Ambiental se sumó a las advertencias. Su informe concluye que existen severas dificultades en el predio elegido y aconseja buscar localizaciones alternativas para reducir el impacto ambiental y garantizar la seguridad operacional.
En paralelo, un análisis técnico firmado por Romina Ojeda y Alberto Angelozzi reafirma la alta sensibilidad ambiental del terreno y los condicionantes para los vuelos.
En el área ambiental, Ojeda y Angelozzi sostienen que el predio posee una elevada complejidad por la interacción de humedales, lagunas, pastizales y ecosistemas costeros de importancia regional.
Desde el ángulo aeronáutico, los profesionales señalan un riesgo crítico: la interacción entre la fauna y los aviones. Remarcan que la mayoría de los accidentes internacionales con aves ocurren durante el despegue y el aterrizaje, cuando las aeronaves operan a baja altura.
Finalmente, el estudio enfatiza que la evaluación del proyecto no puede limitarse al predio de la pista, sino que debe analizar todo el territorio circundante y las rutas migratorias de la avifauna.
Vecinos y organizaciones piden cambiar la ubicación
El rechazo al emplazamiento actual unificó a la sociedad civil organizada. La Fundación Lagunas Costeras, con 23 años de trabajo en el territorio, presentó una petición administrativa ante la Intendencia de Rocha. El escrito solicita frenar la autorización en los padrones 69.929 y 69.930. En paralelo, la entidad tramitó una audiencia con el presidente Yamandú Orsi.
Al mismo tiempo, 55 organizaciones sociales y ambientales emitieron un comunicado conjunto. Las entidades aclararon que no se oponen al desarrollo ni a la infraestructura aeroportuaria. Su reclamo se centra en evitar la instalación dentro del corredor biológico que une a ambas lagunas protegidas.
Los colectivos advierten que los impactos superarán con creces el predio comprado. Entre los principales riesgos señalan la alteración del suelo y las aguas, la contaminación sonora y lumínica, la gestión de combustibles y la presión urbana sobre el área protegida.
El documento sintetiza la postura de la comunidad científica y social. Las organizaciones afirman que Rocha necesita crecimiento, pero remarcan que este no puede lograrse a costa del patrimonio natural. En esa línea, aclaran que pedir la relocalización de la pista no es oponerse al progreso, sino exigir decisiones responsables basadas en la evidencia técnica.
Pese a la acumulación de alertas de la academia, los técnicos y la sociedad civil, las decisiones comerciales y los trámites para construir la nueva terminal en la ruta 10 continúan su curso original.
Claves del informe del CURE
Documento técnico
Recomendaciones para el proyecto
Frente a la propuesta de la terminal aérea en Rocha, investigadores de la Universidad de la República plantearon directrices centrales para evitar daños potencialmente irreversibles en el ecosistema costero:
- Buscar ubicaciones alternativas: Evaluar terrenos más alejados de las lagunas —preferentemente vinculados a la Ruta 9— para minimizar el impacto ambiental y mejorar la relación costo-beneficio.
- Respetar el ordenamiento territorial: Cumplir el Plan Local Lagunas Costeras y tramitar un Programa de Actuación Territorial (PAI) previo a la Evaluación de Impacto Ambiental para analizar opciones de localización.
- Exigir estándares tipo Galápagos: En caso de concretarse en cualquier predio, aplicar exigencias equivalentes a las del aeropuerto de Galápagos (operado por la misma concesionaria): descarga cero de aguas residuales, energías renovables, restricciones horarias por ruido y eliminación de luces nocturnas innecesarias.
- Diseño e infraestructura sustentable: Priorizar la integración al paisaje, el uso de flora nativa, drenajes pluviales eficientes y la preservación de los cielos oscuros.
Un diagnóstico que enciende alertas: El documento advierte que la solicitud presentada ante el Ministerio de Ambiente subestima los impactos sobre las aves y la gestión de fauna.
Informe elaborado por los investigadores Javier Vitancurt, Joaquín Aldabe, José Sciandro, Daniel De Álava, Felipe García-Rodríguez, Valeria Camarero, Lucía Ziegler, Andrea Sosa y Eugenia Villarmarzo (CURE / Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio).
