Hay momentos en los que un medio debe informar. Hay otros en los que también debe decir con claridad dónde está parado.

Este es uno de esos momentos.

Desde Ambienta hemos seguido la instalación de la prospección sísmica en aguas uruguayas, las advertencias científicas, los reclamos de las organizaciones y la respuesta insuficiente del Estado. No encuentro razones para aceptar que una actividad de esta magnitud avance mientras persisten dudas sobre sus efectos y cuestionamientos sobre los controles aplicados.

Por eso, nuestra posición es clara: decimos no a la prospección sísmica en el mar uruguayo.

No es una consigna elegida para acompañar una movilización. Es una conclusión construida al observar cómo se tomó la decisión, qué advertencias quedaron relegadas y quiénes debieron acudir a la Justicia para ser escuchados.

La prospección sísmica en el mar uruguayo avanzó sin despejar las dudas

La primera audiencia judicial, celebrada el 10 de abril, obligó a los organismos demandados a explicar una autorización cuestionada por organizaciones socioambientales, científicos y trabajadores de la pesca.

La Justicia todavía debía resolver el recurso. Sin embargo, la audiencia rompió una certeza que el Poder Ejecutivo parecía querer instalar: que la prospección ya estaba decidida y que solo quedaba aceptar sus consecuencias.

Eso es precisamente lo que no debemos aceptar.

Cuando una actividad puede afectar un ecosistema que no conocemos por completo y cuyos daños pueden resultar difíciles de reparar, la incertidumbre no debería favorecer al proyecto. Debería favorecer la protección.

El Estado eligió otra dirección. Permitió avanzar y dejó en manos de la ciudadanía la tarea de cuestionar esa decisión.

Quienes defendieron el mar tuvieron que hacerlo desde fuera

Costa Viva Rocha, Mar Azul Uruguayo, organizaciones científicas, sindicatos pesqueros y otros colectivos no recurrieron a la Justicia por capricho. Lo hicieron porque sus advertencias no encontraron respuestas suficientes dentro de las instituciones.

Ese hecho debería preocuparnos incluso antes de conocer el resultado del proceso judicial.

¿Por qué quienes se oponen a una actividad potencialmente dañina deben reunir pruebas, buscar abogados, sostener movilizaciones y explicar una y otra vez por qué el mar merece protección?

La carga parece estar siempre del mismo lado. La ciudadanía debe demostrar el riesgo, mientras quienes promueven o autorizan la actividad avanzan bajo la presunción de que el daño todavía no ha sido probado.

En materia ambiental, ese razonamiento puede llegar demasiado tarde.

El mar no es un espacio vacío

La prospección sísmica utiliza cañones de aire comprimido para emitir ondas acústicas de gran intensidad. Según la evidencia presentada por los demandantes, estas señales pueden superar los 230 decibelios bajo el agua, repetirse cada pocos segundos y extenderse más allá de la zona inmediata de operación.

Las organizaciones advierten que el ruido puede alterar la orientación, la alimentación, la reproducción y la migración de distintas especies. También cuestionan la ausencia de estudios de referencia suficientes para conocer el estado previo del ecosistema y evaluar después sus posibles cambios.

La Universidad de la República ha reclamado un análisis integral de la prospección sísmica, que considere sus efectos sobre el ecosistema, los impactos acumulativos y la incertidumbre científica.

Frente a esas advertencias, la discusión no puede reducirse a determinar si ya existe un animal herido que permita demostrar el daño.

El mar está lleno de vida, aunque desde la costa apenas veamos su superficie. Muchas especies dependen del sonido para sobrevivir. La pesca también depende del equilibrio de ese ecosistema. Y ninguna compensación económica puede reconstruir una trama marina destruida.

No quiero que Uruguay descubra demasiado tarde que las advertencias eran correctas.

El Ministerio de Ambiente debe proteger

El artículo 47 de la Constitución establece que la protección del ambiente es de interés general. No es una frase destinada a completar discursos oficiales. Es un mandato.

El Ministerio de Ambiente no puede actuar como una oficina que acompaña proyectos extractivos y administra sus impactos. Su obligación primaria es proteger, exigir garantías y prevenir.

Si existen dudas científicas razonables sobre consecuencias graves, el deber institucional no consiste en esperar que el daño sea irreversible para reconocerlo. Consiste en actuar antes.

Ese es el sentido del principio precautorio. No paralizar al país ante cualquier incertidumbre, sino impedir que la falta de certeza absoluta se utilice como excusa para asumir riesgos que después pagará toda la sociedad.

No en nuestro nombre

La búsqueda de nuevos yacimientos petroleros también contradice el discurso de la transición energética. No podemos presentarnos como un país comprometido con el clima y, al mismo tiempo, ampliar la frontera de los combustibles fósiles sobre el océano.

Tampoco podemos aceptar que el mar uruguayo sea tratado como una zona disponible para experimentar y evaluar después las consecuencias.

Esta editorial no pretende hablar en nombre de toda la sociedad. Expresa una posición asumida por quien dirige Ambienta y por la línea editorial de este medio.

No queremos prospección sísmica en el mar uruguayo.

No queremos que la ciencia sea escuchada cuando el barco ya está operando. Tampoco que las organizaciones deban recurrir a la Justicia para conseguir una atención que debió existir antes. Mucho menos que el futuro del océano quede subordinado a la expectativa, todavía incierta, de encontrar petróleo.

Queremos decisiones públicas transparentes, evidencia independiente y un Estado que proteja antes de autorizar. El mar uruguayo forma parte del país que dejaremos.

No puedo mirar este proceso como si fuera una controversia ajena entre ministerios, empresas y organizaciones. También es una decisión sobre nosotros, sobre el modelo de desarrollo que aceptamos y sobre aquello que estamos dispuestos a defender.

Desde Ambienta elegimos defender el mar.


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Fundador y Director de Ambienta. Periodista. Diplomado en Activismo y Política Socioambiental. Contacto: director@ambienta.uy

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