Seguir buscando petróleo en el siglo XXI es una decisión que Gerardo Amarilla dice no comprender ni compartir. El exsubsecretario de Ambiente considera que Uruguay debería aplicar condiciones ambientales más exigentes a la exploración de hidrocarburos y excluir de esas actividades las zonas marítimas de mayor fragilidad y biodiversidad.

Su cuestionamiento a la política ambiental actual no termina en el mar. También define como un “error estratégico” el abandono del proyecto original de Arazatí y advierte sobre los impactos ambientales de Casupá y la posición asumida por el Ministerio de Ambiente.

En esta entrevista con Ambienta, Gerardo Amarilla también revisa su propia gestión y reconoce qué habría hecho de otra manera. La conversación parte de El Uruguay ambiental, el libro en el que reconstruye el desarrollo de la legislación y la institucionalidad ambiental del país, y avanza sobre asuntos pendientes como la gestión del agua, los residuos y la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal.

La construcción de la institucionalidad ambiental

¿Qué necesidad te llevó a escribir El Uruguay ambiental y qué vacío buscaste cubrir con su publicación?

Un día me di cuenta de cuánto habíamos avanzado en la temática ambiental desde la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), en 1990. Podríamos decir que allí comienza la historia de la política ambiental en nuestro país.

Pero también hubo una prehistoria. El embajador uruguayo Mateo Magariños participó en la Conferencia de Estocolmo de 1972 y sentó las bases para que se creara una oficina dedicada a los asuntos ambientales en el Ministerio de Educación y Cultura. Era todo muy incipiente, en un Uruguay que en 1973 tenía otras preocupaciones.

Pensé que habían ocurrido muchas cosas hasta 2023. Habían pasado 50 años desde aquella conferencia en Estocolmo y más de 30 desde la creación del MVOTMA y de la Dinama.

En ese periodo se publicaron numerosos libros, entre ellos trabajos de Derecho Ambiental de prestigiosos colegas y profesores. Pero tal vez ninguno abordaba de manera integral cómo se fueron desarrollando la legislación y la institucionalidad ambiental.

Sin haber participado en todos esos momentos, fui un actor privilegiado. A finales de los años noventa estuve como estudiante entre los funcionarios de la Dinama. Después participé en la ONG Raikatú, en Rivera, muy vinculada a la difusión y la educación sobre el proyecto del Acuífero Guaraní en sus inicios.

Más adelante me incorporé al ámbito académico, en la Facultad de Ciencias, donde impartí clases de Marco Legal en la tecnicatura, ahora licenciatura, en Recursos Naturales.

Después llegué al ámbito político. Primero participé en la Junta Departamental y el Congreso Nacional de Ediles y luego fui diputado, integrando siempre las comisiones de Medio Ambiente.

Finalmente, coordiné los grupos técnicos del programa de gobierno del Partido Nacional, en el que incluimos la necesidad de crear el Ministerio de Ambiente. Esto se plasmó en la Ley de Urgente Consideración de 2020 y dio comienzo a una nueva etapa.

Me parecía que toda esa evolución debía recogerse en un libro y que también era necesario hablar de los desafíos del presente y del futuro.

Libro El Uruguay ambiental, de Gerardo Amarilla, sobre legislación, institucionalidad y política ambiental de Uruguay.
El Uruguay ambiental, de Gerardo Amarilla, recorre la evolución de la legislación y la institucionalidad ambiental del país y plantea sus principales desafíos.

Al revisar la evolución de la legislación y la institucionalidad ambiental, ¿cuáles consideras que han sido los principales avances de Uruguay y cuáles siguen siendo sus mayores debilidades?

Mirando en perspectiva, creo que el primer impulso estuvo marcado por la primera generación de normas ambientales. Ese proceso comenzó con la creación del MVOTMA y de la Dinama, en 1990, y continuó con la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, en 1994.

Luego se incorporó la protección del ambiente al artículo 47 de la Constitución, en 1996. En 2000 se aprobaron la Ley General de Protección del Ambiente y la Ley del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Más allá de sus debilidades y limitaciones, estas normas permitieron crear un marco legal e institucional. También expresaron con fuerza una voluntad política casi unánime sobre la necesidad de prepararnos para los desafíos que enfrentábamos.

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI continuó la producción normativa y hubo un desarrollo relativo de la Dinama. Pero creo que el siguiente impulso se produjo con la creación del Ministerio de Ambiente.

Ya era necesario contar en el Poder Ejecutivo con una voz independiente y una silla en el Consejo de Ministros que defendiera la política ambiental del país.

Todavía tenemos dos debilidades: la escasa presencia en el territorio y la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de la Administración. Son problemas que pueden resolverse y existen herramientas para hacerlo.

El libro recorre el proceso institucional que condujo a la creación del Ministerio de Ambiente. ¿El organismo cuenta hoy con las competencias, los recursos y el peso político necesarios para incidir en las grandes decisiones del país?

Creo que cuenta con competencias suficientes, aunque hay áreas que deberían fortalecerse.

Por visiones parciales y por la defensa de determinadas “chacras”, algunas áreas que deberían encontrarse en el Ministerio de Ambiente todavía no lo están. Por ejemplo, el monte nativo permanece bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando debería estar en Ambiente junto con Biodiversidad.

Lo mismo sucede con los recursos acuáticos, que deberían estar, al menos parcialmente, vinculados a las áreas costeras y marinas. También está la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que es claramente un instrumento de gestión ambiental y no se concibe que todavía permanezca junto a Vivienda.

Esas discusiones se dieron en el Parlamento. Sin embargo, la defensa de determinadas “chacras” y la coyuntura en torno a los cargos políticos conspiraron contra el fortalecimiento del Ministerio de Ambiente y la correcta ubicación de esas unidades. Esperemos que en algún momento pueda corregirse.

Sobre el peso político, depende mucho de las personas que estén al frente. No existen excusas normativas o institucionales para afirmar que el Ministerio de Ambiente carece de peso político. Tiene todas las herramientas para hacer valer su posición dentro del Poder Ejecutivo.

También depende de la conciencia de los demás jerarcas. Tuve la dicha de que tanto el presidente Luis Lacalle Pou como la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, tuvieran una conciencia ambiental que facilitaba el posicionamiento del ministerio “benjamín”.

En definitiva, el peso político depende de las personas que ocupan los cargos y de que hagan valer correctamente las competencias que tienen por ley.

Cita de Gerardo Amarilla sobre el peso político del Ministerio de Ambiente.

Lo pendiente y lo que habría hecho diferente

Durante tu gestión como subsecretario de Ambiente, ¿qué políticas consideras que quedaron consolidadas y qué asuntos no pudieron avanzar como esperabas?

Hay asuntos que permanecen en la agenda nacional más allá de las políticas de turno o, mejor dicho, de los énfasis que cada gobierno les concede. El agua y los residuos siempre ocuparán un lugar en las políticas públicas.

Nosotros impulsamos con fuerza el cierre de vertederos en todo el país y casi llegamos al 50 % de los que existían cuando iniciamos la gestión.

Hubiéramos querido hacer más, pero el tiempo, los recursos y las dificultades de coordinación interinstitucional no contribuyeron a que completáramos el trabajo. A eso se sumaron situaciones extraordinarias, como la pandemia y la sequía.

La gestión de los residuos y su aprovechamiento con una lógica de economía circular deben constituir una política de Estado compartida por el Gobierno nacional, los departamentos, los municipios y el sector privado.

Lo mismo sucede con el agua. Debemos mejorar su gestión, el tratamiento y el aprovechamiento de las aguas residuales, así como profundizar el estudio y la utilización de las aguas subterráneas.

Son políticas que deben trascender los periodos de gobierno y formar parte de una estrategia de país.

Con la perspectiva que ofrece estar fuera del Gobierno, ¿hay alguna decisión de tu gestión que hoy revisarías o abordarías de otra manera?

Si pudiera volver a 2020, me concentraría en algunos asuntos clave para resolverlos en menos tiempo.

Tanto en la búsqueda de una fuente de agua alternativa al río Santa Lucía para el área metropolitana como en el Plan de Universalización del Saneamiento, nos enredamos en trámites y discusiones que terminaron contribuyendo a que la actual gestión los postergara.

Me enfocaría en el agua, la gestión de residuos y alguna cuestión vinculada a mejorar la sostenibilidad de la producción. Buscaría ser más efectivo y aprovechar mejor el tiempo.

Cita de Gerardo Amarilla sobre las prioridades ambientales que habría dado a su gestión desde 2020.

Arazatí, Casupá y la búsqueda de petróleo

¿Cómo evalúas la orientación adoptada por las actuales autoridades ambientales? ¿En qué políticas observas continuidad y en cuáles identificas cambios relevantes?

Algunas cosas continúan igual porque, en definitiva, los cuadros técnicos del Ministerio de Ambiente son casi los mismos que durante nuestra gestión.

Hay decisiones que no comparto y que resultan difíciles de explicar. La anulación del proyecto Arazatí es un error estratégico desde el punto de vista ambiental y de la gestión integral del agua.

El proyecto Casupá presenta cuestionamientos ambientales importantes y resulta un poco incómodo que el Ministerio de Ambiente aparezca como su defensor. Inundar 3.000 hectáreas de tierra fértil o destruir 400 hectáreas de monte nativo y biodiversidad no parece defendible desde una perspectiva ambiental.

También observo demasiada complacencia con la búsqueda de hidrocarburos en nuestro mar territorial. Deberíamos ser mucho más exigentes con las condiciones ambientales y excluir de las exploraciones determinadas zonas por su fragilidad y biodiversidad.

Seguir buscando petróleo en el siglo XXI es algo que no puedo entender y mucho menos compartir.

Gerardo Amarilla cuestiona la anulación del proyecto Arazatí y su impacto en la gestión integral del agua.

Agua, residuos y delitos ambientales

La gestión del agua continúa ocupando un lugar central en el debate nacional. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de Uruguay para proteger las fuentes, mejorar la calidad del agua y garantizar el abastecimiento?

El agua sigue ocupando un lugar central. Mi anhelo es que, en algún momento y alejados de intereses menores y electorales, podamos alcanzar consensos.

Necesitamos acordar una fuente alternativa al río Santa Lucía y proteger adecuadamente las fuentes de agua. También debemos mejorar la gestión y el tratamiento de las aguas residuales y, por qué no, planificar la reutilización de las aguas domésticas e industriales.

Además, debemos contar con un sistema inteligente para gestionar el agua de las diferentes cuencas y acuíferos. De esa manera podremos asegurar el abastecimiento tanto para el consumo como para la producción.

El desafío de transformar los residuos

Uruguay mantiene dificultades para reducir, clasificar, recuperar y valorizar sus residuos. ¿Qué decisiones regulatorias, económicas o culturales permitirían conseguir resultados a mayor escala?

Pondría un mayor énfasis en la coordinación, la educación y la cooperación público-pública y público-privada.

Separar los residuos en origen no puede ser tan difícil. Hace 30 años que hablamos de ello. A veces es la Intendencia la que mezcla todo y lo deposita en un mismo lugar; otras veces son personas que vacían los contenedores, mezclan su contenido o les prenden fuego.

Tenemos un problema importante de gestión, sobre todo en la capital. Esto impacta negativamente en la cultura y hace retroceder lo que habíamos logrado mediante la educación.

Basta observar algunos ejemplos del interior del país para comprobar que el problema puede resolverse. A una escala mayor, también podemos mirar el caso de Buenos Aires, donde la gestión, la clasificación y el reciclaje funcionan muy bien.

Debemos abandonar determinados prejuicios y avanzar hacia un cambio de gestión que, sin duda, también tendrá efectos sobre la cultura.

Qué conductas deberían ser delitos ambientales

Has defendido la incorporación de los delitos ambientales al ordenamiento jurídico uruguayo. ¿Por qué consideras necesaria esta legislación y qué conductas deberían recibir una respuesta penal?

La incorporación de los delitos ambientales a nuestra legislación resulta muy necesaria. Las multas y las sanciones administrativas ya no son suficientes para contener prácticas que dejan secuelas ambientales. Estas no solo afectan la biodiversidad y los recursos naturales, sino que también ponen en riesgo la salud pública y la vida.

Creo que debemos ser muy prudentes y avanzar de menos a más. No deberíamos establecer un listado de delitos ambientales que genere pánico ni dejar librada a decretos o resoluciones la definición de si una conducta constituye un delito.

Debemos ser precisos y claros. Si alguien envenena el agua, el aire o el suelo; atenta de manera consciente y voluntaria contra la fauna o la flora protegidas; o miente o engaña a la Administración mediante información ambiental falsa, debe recibir una sanción penal.

Todos los países de la región cuentan con delitos ambientales y Uruguay es la excepción.

Producción, sostenibilidad y decisiones impostergables

Ante el avance de proyectos productivos y energéticos, incluido el hidrógeno verde, ¿qué condiciones ambientales y garantías de participación pública debería exigir Uruguay?

Todas las exigencias establecidas por la ley, ni una más ni una menos.

“Uruguay Natural” sigue existiendo, más allá de que el Ministerio de Turismo haya elegido otro eslogan publicitario. El concepto procede de la Ley General de Protección del Ambiente, aprobada por unanimidad en el Parlamento. Mediante esa ley, Uruguay decidió identificarse ante el concierto de las naciones como un país natural.

Este debe continuar siendo un objetivo nacional y orientar el desarrollo y el crecimiento necesarios para satisfacer las necesidades de nuestra población, sin poner en riesgo la sostenibilidad futura.

Producción, conocimiento y biodiversidad

¿Cómo debería compatibilizarse la producción agropecuaria y forestal con la protección del suelo, el agua, los pastizales naturales y la biodiversidad?

Mediante la aplicación de la normativa, la incorporación permanente del conocimiento científico y la investigación a la gestión de gobierno, y un diálogo continuo de cooperación con los sectores productivos.

También es imprescindible integrar la sostenibilidad, el cuidado de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales mediante la medición de la huella ambiental de la producción.

Esto es importante tanto para el Estado como para los actores privados. Estos valoran cada vez más los sellos ambientales, que les permiten acceder a mejores mercados y dar mayor valor a la producción y al trabajo de los uruguayos.

Tres decisiones que Uruguay no debería postergar

Si tuvieras que señalar tres decisiones impostergables para la política ambiental uruguaya de los próximos años, ¿cuáles serían y por qué?

En primer lugar, un gran acuerdo sobre el agua que nos permita trabajar en una política nacional de largo plazo e incluya a todos en el compromiso de asegurar un recurso imprescindible para la vida y la producción.

En segundo lugar, un diseño inteligente para la gestión integral de los residuos. Esto nos permitiría vivir en ciudades más limpias, aprovechar mejor los recursos y avanzar hacia una economía circular que reduzca los impactos ambientales, genere oportunidades económicas y cree puestos de trabajo mediante circuitos virtuosos.

En tercer lugar, bajo la lógica de “Uruguay Natural”, debemos incorporar la sostenibilidad y la protección del ambiente a los procesos productivos y a servicios como el turismo.

De esta manera podremos obtener certificaciones ambientales que contribuyan a asegurar esa sostenibilidad y, al mismo tiempo, otorguen mayor valor a la producción y al trabajo de los uruguayos.

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Fundador y Director de Ambienta. Periodista. Diplomado en Activismo y Política Socioambiental. Contacto: director@ambienta.uy

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