La promesa de 2004 frente a la crisis de la sed
Uruguay se encamina a conmemorar veintidós años desde aquel 31 de octubre de 2004, cuando el 64,58% de la ciudadanía consagró el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental a través de la reforma del artículo 47 de la Constitución.
La reforma, impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, convirtió al país en un faro global. Era la primera vez en la historia que una sociedad blindaba jurídicamente su recurso vital frente a las lógicas del mercado.
Sin embargo, las promesas de las urnas suelen colisionar de frente con el barro de la gestión territorial y la vulnerabilidad climática. La crisis hídrica de 2023 -catalogada como la peor sequía registrada en el país desde 1947- alteró por completo la rutina de 1,7 millones de personas en Montevideo y la zona metropolitana.
Ante el agotamiento de las reservas dulces de Paso Severino, la escasez obligó a las autoridades a mezclar los suministros con caudales provenientes de las líneas de marea del estuario del Río de la Plata. Una maniobra de emergencia que disparó los niveles de sodio y cloruros, y tornó el agua de la canilla salada, imbebible y técnicamente no potable para la población vulnerable. Aquel quiebre permanece hoy como una cicatriz abierta en la memoria colectiva.
La crisis expuso que la escasez no obedecía únicamente a la ausencia de lluvias, sino a un modelo de postergaciones estructurales y a la degradación sistemática de las cuencas.
El Santa Lucía: un corazón hídrico jaqueado
El corazón hídrico del sur del país es el río Santa Lucía, un curso vital que nace en las cumbres de la Cuchilla Grande del Sur, en Lavalleja, y serpentea a lo largo de 270 kilómetros cruzando seis departamentos hasta su encuentro con el Río de la Plata.
Su cuenca, que abarca más de 13.000 kilómetros cuadrados, garantiza la supervivencia de más de dos millones de personas, pero arrastra un deterioro acumulado que ningún decreto ha logrado mitigar.
En 2024, el entonces intendente de Canelones y actual presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió reconocer formalmente al río Santa Lucía y sus distintos ecosistemas como Patrimonio Natural del departamento. Aquel hito buscó fomentar el compromiso público para defender sus derechos.
Sin embargo, a dos años de aquella declaración oficial, el blindaje jurídico está lejos de traducirse en un fortalecimiento real de los controles ambientales. La calidad del agua sigue bajo la asfixia del uso intensivo de agroquímicos y la extracción irregular de arena, una actividad extractiva que suele escapar a los radares de fiscalización estatal.
Para Marcelo Cabrera, educador y miembro activo del movimiento Coordinación por el Agua, la matriz productiva del país agrava este escenario mediante lo que define como una exportación virtual del recurso. En diálogo con Ambienta, el activista advierte:
“Estamos en una situación gravísima. Los principales rubros de exportación del Uruguay se basan en el uso intensivo del agua, combinado con un paquete de agrotóxicos y fertilizantes que se aplican sin el debido control en grandes extensiones de tierra«.
Esta tensión evidencia que, a dos décadas del plebiscito histórico, la soberanía sobre el bien común sigue siendo un territorio en disputa.
«Nuestra agua está contaminada con agrotóxicos y efluentes industriales, y el Estado no ejerce una fiscalización rigurosa sobre las empresas ni sobre los embalses irregulares. Quienes contaminan gozan de total impunidad para seguir haciéndolo”.
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El freno a la planta privada de Arazatí
Las marchas y concentraciones autoconvocadas que inundaron Montevideo y Canelones durante la crisis hídrica reconfiguraron el tablero político nacional. En un giro estratégico clave para la política ambiental del país, la administración de Yamandú Orsi anunció la cancelación definitiva del polémico Proyecto Neptuno (también conocido como Proyecto Arazatí).
La iniciativa, heredada del gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, proyectaba la construcción de una planta potabilizadora privada sobre las costas del Río de la Plata con una inversión estimada en los 900 millones de dólares.
El archivo de Neptuno respondió a una exhaustiva revisión técnica y jurídica del contrato. El proyecto original arrastraba severos cuestionamientos de la comunidad científica y de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), cuyo secretario general, Marcelo Valverde, lo tildó de privatizador e ineficaz para resolver crisis extremas debido a los eventos recurrentes de salinidad y floraciones de cianobacterias en la zona de Arazatí.
El retorno a la infraestructura 100% pública
Con este golpe de timón, el Poder Ejecutivo redefinió el horizonte hídrico bajo criterios de gestión estrictamente estatal e infraestructura pública. La nueva estrategia oficial contempla el fortalecimiento de la planta potabilizadora central de Aguas Corrientes, ubicada a 56 kilómetros de la capital, mediante obras destinadas a procesar 200.000 metros cúbicos adicionales por día. Este caudal se transportará a través de una red aductora hacia las instalaciones de Cuchilla Pereira, desde donde se distribuye al área metropolitana.
Asimismo, se proyectan intervenciones en el arroyo Solís Chico para asegurar el abastecimiento de la Costa de Oro, una región que experimenta un crecimiento demográfico sostenido y enfrenta desafíos crecientes en su demanda hídrica.
Las proyecciones oficiales estiman que el consumo metropolitano, situado hoy en los 700.000 metros cúbicos diarios, ascenderá a 835.000 para el año 2045. La urgencia obliga a buscar alternativas de largo aliento, y es allí donde el nombre de un viejo proyecto archivado volvió a cobrar fuerza en los despachos gubernamentales: la represa de Casupá.
El proyecto Casupá: avances, cautela ambiental y advertencias científicas
La ingeniería financiera detrás del nuevo escudo hídrico metropolitano quedó sellada con una cifra: 130 millones de dólares. Ese es el monto del préstamo definitivo que el gobierno uruguayo consolidó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar la megaobra civil de Casupá, un proyecto engajonado desde la década de 1960 que resurgió con fuerza tras las alarmas climáticas de 2019.
Lejos de los despachos bancarios, el epicentro de la infraestructura se localiza a unos 90 kilómetros al norte de la región metropolitana, justo en el este del departamento de Florida y en la frontera donde los límites chocan con Lavalleja y Canelones. Allí, en un territorio de mística indígena custodiado por serranías y humedales, resiste la localidad cuyo nombre en lengua guaraní -“al borde de la selva grande”- funciona hoy como una paradoja de lo que está en juego.
Las autoridades ratificaron que los trabajos en el predio del obrador comenzaron formalmente a fines de abril, proyectando el llenado del embalse para 2029 con el objetivo de incorporar 118 millones de metros cúbicos de reserva de agua dulce al sistema central.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, lideró un encuentro regional para defender la urgencia de la obra, argumentando que el proceso garantizará el suministro para más de 1,8 millones de personas y señalando que la opción por el Río de la Plata de la administración anterior había respondido a una decisión política carente de respaldo técnico.
Esta postura oficial encontró su respaldo institucional más contundente en los propios archivos de la empresa estatal. Un informe técnico encargado por OSE en 2024, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y entregado en junio de 2025, concluyó de manera categórica que la presa de Casupá representa una solución estructural mucho más robusta y confiable que el proyecto Neptuno (Arazatí) para asegurar el suministro metropolitano hacia el año 2035.
El documento, supervisado en conjunto con la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), admitió formalmente que la alternativa privada de Arazatí arrastraba severas limitaciones técnicas ante situaciones extremas de escasez hídrica, validando la necesidad de un modelo basado en la capacidad de almacenamiento y regulación de las cuencas interiores.
Categoría C sobre la nueva represa
Sin embargo, los anuncios oficiales avanzan sobre un terreno sembrado de severas advertencias científicas y cautela ambiental. El proyecto se encuentra clasificado por los organismos reguladores bajo la Categoría C, la franja normativa reservada exclusivamente para aquellos emprendimientos capaces de generar impactos ambientales negativos significativos e irreversibles.
Científicos independientes señalan que las condiciones de la cuenca del Santa Lucía mutaron de forma drástica en los últimos años; la expansión de la actividad forestal en la zona ya alcanza las 10.000 hectáreas de árboles exóticos, un factor que incide directamente en la reducción del caudal disponible.
Riesgo sísmico
A este complejo panorama se suma una variable geológica de reciente aparición: el riesgo sísmico. El Observatorio Geofísico del Uruguay registró con posterioridad a 2020 movimientos tectónicos en las regiones de Florida y Lavalleja que alcanzaron magnitudes de hasta 4.9 y 3.9 en la escala de Richter.
Distintas fuentes técnicas advierten que esta actividad sísmica inédita obliga a revisar de forma obligatoria los cálculos de seguridad estructural del muro de contención proyectado, desafiando los plazos perentorios impuestos por el calendario de la política.
| Factores de Riesgo y Datos Técnicos | Situación Original del Proyecto | Nueva Realidad Territorial (Junio 2026) |
| Clasificación Ambiental | Evaluación de rutina | Categoría C (Impacto significativo e irreversible) |
| Actividad Sísmica Local | Considerada nula o despreciable | Sismos de hasta 4.9 Richter (Observatorio Geofísico) |
| Uso del Suelo en la Cuenca | Presencia forestal casi nula | 10.000 hectáreas forestadas que afectan el caudal |
| Pérdidas de Red (OSE) | Media estándar regional | 50% de «agua no facturada» por rotura de tuberías |
| Ecosistema Afectado | Bosque y pastizal común | Tala de 426 hectáreas de bosque nativo / 26 especies SNAP en riesgo |
Productores en alerta y la alternativa del acuífero
Mientras los equipos de OSE expanden las notificaciones y concretan la toma de los predios, el impacto socioeconómico y ecológico en el territorio despierta el rechazo de las comunidades locales. Las expropiaciones afectan de manera directa a unos 35 propietarios rurales y familias de productores familiares.
Álvaro Rivadavia, vocero de los vecinos afectados, denunció que las medidas estatales avanzan destruyendo hogares y unidades productivas tradicionales sin contar aún con un informe de impacto ambiental definitivo y validado por la academia, basándose en estudios desactualizados que datan de 2017.
El costo biológico del embalse
El plan de mitigación estatal parece una gota de agua en un desierto de cemento. Para intentar contrarrestar el impacto, OSE proyecta una zona de amortiguación de 800 hectáreas destinada a restaurar corredores biológicos, sumada a un programa de rescate para trasladar a la fauna de baja movilidad. Sin embargo, científicos de la Udelar dudan de la viabilidad de mitigar semejante desarraigo ecosistémico.
Las dudas de la academia se sustentan en los alarmantes números de la propia evaluación de impacto ambiental. De ejecutarse la inundación, la tala rasa se cobrará 426 hectáreas de bosque autóctono y sepultará otras 787 de pastizales naturales. Bajo el agua quedarán los refugios críticos de 26 especies protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Es el hogar donde la lagartija manchada (Stenocercus azureus) busca abrigo entre las piedras, donde la pequeña marmosa (Cryptonanus cf. chacoensis) nidifica en las ramas bajas, y donde la viudita blanca grande (Heteroxolmis dominicana) encuentra su último espacio de vuelo.
La paradoja de los caños rotos y la alternativa científica
Toda esa riqueza biológica en riesgo contrasta con una contradicción interna de la propia empresa estatal: la ineficiencia operativa. En Uruguay, la cifra de «agua no facturada» -aquella que se produce pero se pierde en el camino debido a roturas y obsolescencia de las tuberías de distribuciónronda un alarmante 50%, superando con creces la media regional del 35%. Es decir, la mitad del agua potable de la zona metropolitana se pierde bajo la tierra antes de llegar a las canillas.
La voz de la academia internacional también confronta la obsesión oficial por las grandes obras de infraestructura. Desde la Unesco, el especialista Miguel de França Doria sostiene que Uruguay arrastra una urgencia impostergable: rediseñar de raíz su vínculo cultural y político con el agua dulce. Para el experto, la estrategia soberana frente al cambio climático no se soluciona levantando más diques de cemento en la superficie. La verdadera resiliencia radica en blindar la eficiencia operativa del sistema actual y girar la mirada hacia la riqueza de los acuíferos subterráneos.
En esa misma línea de la ciencia subterránea, el geólogo Guillermo Popelka presentó un proyecto técnico alternativo basado en la explotación controlada del acuífero aluvial del río Santa Lucía. Según Popelka, el uso de este recurso subterráneo requeriría únicamente procesos básicos de cloración debido a su excelente calidad originaria, ahorrándole a OSE entre 5 y 10 millones de dólares anuales en reactivos químicos, reduciendo los costos de infraestructura y evitando el costo social de desalojar a los productores familiares de la zona.
De aplicarse este modelo, se respetaría la fisonomía de un río cuya flora nativa cambia de forma maravillosa a medida que desciende. El recorrido inicia desde el carobá y el romerillo de las cumbres de Lavalleja. Continúa pasando por el sauce criollo y la envira del curso medio en Florida y Canelones.
Finalmente, el viaje llega hasta los bañados, totorales y juncos del sector inferior, donde el ceibo ilumina las orillas con su flor roja. Toda esa riqueza biológica confluye en los Humedales del Santa Lucía. Este ecosistema del SNAP funciona como el hogar de casi la mitad de las especies de aves del país.
Foto de Cortesía
La encrucijada de Casupá: entre la sed y el territorio
Pese a las ventajas ambientales y financieras del modelo subterráneo y las alternativas de eficiencia de la Unesco, la administración mantiene firme su decisión de volcar los recursos públicos hacia el embalse de Casupá.
La gestión del agua en el Uruguay de 2026 se debate así en una encrucijada profunda. Entre la urgencia por asegurar el suministro de una capital que conoció la sed y el imperativo ético de respetar las voces del territorio. El espíritu fundacional del plebiscito de 2004 sigue exigiendo respuestas coherentes.
Veintidós años después, la certeza sigue siendo la misma: el agua es un derecho humano, y su defensa se libra en cada cuenca, en cada plano catastral y en la memoria de un pueblo que se niega a transformar su patrimonio natural en una zona de sacrificio.
