El océano siempre estuvo allí. Acompañó en silencio la historia de Uruguay, desde las dinámicas estuarinas del Río de la Plata y el Frente Haloclino, zona de transición entre aguas con diferentes niveles de salinidad, hasta las aguas abiertas de la plataforma continental y el complejo ecosistémico de Rocha. El mar ha determinado nuestros paisajes, nuestra biodiversidad y buena parte de nuestras oportunidades de desarrollo. Sin embargo, durante demasiado tiempo hemos vivido de espaldas a él, como si fuera un territorio lejano y ajeno.
Nuestra identidad nacional se construyó mirando hacia la tierra. Somos reconocidos internacionalmente por las praderas, la producción agropecuaria de las cuencas interiores y la fuerza exportadora de nuestros ríos. Pero pocas veces hemos asumido, con el peso geopolítico que merece, nuestra verdadera condición de país marítimo.
Esta paradoja resulta evidente al observar la geografía real del país. Uruguay posee más de 670 kilómetros de costa, una extensa Zona Económica Exclusiva y una plataforma continental extendida reconocida por la Comisión de Límites de las Naciones Unidas. Al sumar estos espacios sumergidos, nuestra dimensión oceánica iguala o supera la superficie del territorio terrestre.
Formamos parte del Atlántico Sudoccidental, una de las regiones más productivas del planeta, donde convergen la corriente cálida de Brasil y la corriente fría de Malvinas, alimentando una biodiversidad extraordinaria. Como muestra la Figura 1, Uruguay no es solamente un país con costa: es una nación marítima cuya superficie oceánica constituye una dimensión estratégica frecuentemente ignorada.
El océano no es un escenario estático ni un depósito inerte para los desechos del consumo. Es un sistema vivo, complejo y autorregulado. Durante décadas prevaleció la premisa extractivista de considerarlo una fuente inagotable de recursos. Esa visión pertenece a una lógica del siglo XX, que separó artificialmente la economía humana de los límites biofísicos que la hacen posible.
Hoy, frente al avance de la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y la proliferación de floraciones algales, nos enfrentamos a una pregunta crucial: ¿continuaremos concibiendo el Atlántico como una frontera de explotación libre o aprenderemos a desarrollarnos dentro de sus límites ecológicos?
En esa respuesta se juega el verdadero significado de una Economía Azul.
Fig. 1. Uruguay: un país mucho más oceánico de lo que solemos imaginar. Mapa del territorio terrestre, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental extendida. La dimensión marítima de Uruguay iguala o supera su superficie continental, y constituye un espacio estratégico para la biodiversidad, la soberanía y el desarrollo sostenible.
Economía Azul: ¿oportunidad o nueva etiqueta extractiva?
En los últimos años, el concepto de Economía Azul se ha posicionado con fuerza en la agenda de organismos multilaterales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Sin embargo, detrás de esta terminología existe una profunda tensión entre dos miradas contrapuestas.
Por un lado, existe una interpretación restringida que reduce la Economía Azul a la simple expansión de las industrias marítimas tradicionales: intensificación de la pesca industrial, minería submarina, megadesarrollos inmobiliarios costeros y grandes proyectos energéticos.
Por otro, existe una visión sostenible y transformadora, respaldada por la investigación ambiental marina y por instituciones como WWF (2015). Este enfoque concibe la economía azul como un marco en el que la preservación de la integridad ecológica y la equidad social son condiciones inapelables.
Uruguay debe optar resueltamente por esta segunda vía. El Banco Mundial define la Economía Azul como el uso sostenible de los recursos oceánicos para promover el crecimiento económico y mejorar el empleo, preservando al mismo tiempo la salud de los ecosistemas.
Un modelo que degrada la matriz biológica que genera el recurso constituye una contradicción técnica e institucional. El verdadero desafío no consiste únicamente en extraer riqueza de las aguas, sino en garantizar que los ciclos del océano continúen funcionando y puedan sostener a las próximas generaciones.
La conexión invisible entre la tierra y el mar
Uno de los errores más frecuentes de la planificación territorial ha sido tratar los ecosistemas marinos como espacios aislados del continente. La naturaleza no reconoce esos límites. Los ríos son las arterias que conectan el interior productivo con el Atlántico: transportan sedimentos y nutrientes, pero también las consecuencias de nuestras decisiones en tierra.
La intensificación agrícola, el uso excesivo de fertilizantes, la erosión del suelo y el manejo deficiente de los efluentes pecuarios aumentan las cargas de nitrógeno y fósforo que llegan a la franja costera. Al alcanzar los sistemas acuáticos, estos nutrientes pueden desencadenar procesos de eutrofización y graves floraciones de cianobacterias.
Los episodios que afectan periódicamente al Río de la Plata y a nuestras costas no se originan en el agua por azar. Son la manifestación clínica de desequilibrios gestados cientos de kilómetros tierra adentro.
El agua constituye una vía de continuidad biológica. Por eso, una política marina seria debe comenzar necesariamente con una gestión responsable del suelo y de las cuencas continentales. La Figura 2 resume esta conexión invisible: muchos de los procesos que degradan los ecosistemas marinos comienzan lejos de la costa, dentro de las propias cuencas hidrográficas.
Fig. 2. Las actividades agrícolas, forestales, urbanas e industriales generan impactos que las cuencas hidrográficas transportan hasta el Río de la Plata y el océano Atlántico. La calidad ambiental del océano también depende de las decisiones tomadas tierra adentro.
Pesca: límites ecosistémicos y costos ocultos
La actividad pesquera representa uno de los vínculos más antiguos de nuestra sociedad con el Atlántico. Sin embargo, su gestión no puede continuar respondiendo a la pregunta simplista de cuánto podemos extraer. La pregunta correcta para el siglo XXI es otra: ¿cuánta extracción puede soportar el sistema marino sin perder su capacidad natural de regeneración?
La pesca industrial cumple un papel económico relevante, pero determinadas prácticas comerciales generan costes ambientales que permanecen invisibles en las cuentas tradicionales. La pesca de arrastre de fondo es un caso evidente.
El bentos profundo no es una superficie vacía. Alberga comunidades tridimensionales fundamentales para el reciclaje de nutrientes y el funcionamiento de la red trófica. Las redes de arrastre destruyen esa complejidad física y generan importantes volúmenes de captura incidental (bycatch), que afectan a aves marinas, tortugas y mamíferos marinos.
La pérdida de biodiversidad y la degradación de los hábitats representan una disminución neta del patrimonio nacional, aunque sus consecuencias no figuren en un balance comercial.
El valor de la pesca artesanal
En el otro extremo, la pesca artesanal constituye un pilar identitario y de seguridad alimentaria. Con pequeñas embarcaciones y conocimientos transmitidos durante generaciones, los pescadores artesanales son observadores en tiempo real de la dinámica del mar. Sin embargo, el sector enfrenta graves limitaciones de infraestructura, comercialización justa y representación institucional.
La conservación marina no puede construirse desde gabinetes alejados de los territorios ni excluyendo a las comunidades locales. Requiere su integración directa en los procesos de gobernanza, como se representa en la Figura 3.
Fig. 3. La pesca industrial y la pesca artesanal cumplen funciones diferentes dentro de la Economía Azul. Una gestión moderna debe incorporar criterios ecosistémicos, conocimiento científico y participación de las comunidades costeras para garantizar la sostenibilidad de los recursos.
Esta convivencia exige abordar también conflictos sociales concretos, como las tensiones entre los pescadores artesanales y depredadores superiores como el lobo marino sudamericano (Otaria flavescens).
La verdadera sostenibilidad no se alcanza ignorando las dificultades económicas de las comunidades ni eliminando fauna protegida. Requiere investigación aplicada, tecnologías de mitigación y mecanismos de compensación capaces de equilibrar la conservación con la subsistencia humana.
Soberanía científica y el valor de conocer nuestro mar
Un país marítimo no puede administrar ni defender aquello que desconoce. La investigación científica del océano no es un lujo académico, sino un insumo fundamental para la soberanía técnica y nacional.
A pesar de nuestra vasta Zona Económica Exclusiva, todavía enfrentamos vacíos significativos en el monitoreo de las poblaciones pesqueras, las dinámicas oceanográficas y los efectos del cambio climático. Además, la falta de una presencia continua favorece la amenaza de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en los límites de nuestra jurisdicción.
Gestionar el océano sin capacidad propia de monitoreo equivale a navegar a ciegas. Uruguay necesita buques científicos de porte adecuado para investigar sus aguas profundas y su plataforma continental.
A esto se suma la urgencia de reconstruir la memoria académica y fortalecer la formación especializada. Es imprescindible rehabilitar y potenciar la Licenciatura en Oceanografía Biológica de la Universidad de la República (UdelaR).
La soberanía azul se construye en las aulas, en los laboratorios y sobre la cubierta de buques oceanográficos propios.
Una costa viva: infraestructura natural frente al cambio climático
La zona costera es el espacio donde la tierra y el mar interactúan de manera más crítica. Durante décadas tratamos esta franja como un territorio estático y disponible para la urbanización, alterando dunas, cauces de agua y vegetación nativa.
Hoy comprendemos que estos ambientes no son obstáculos para el desarrollo, sino nuestra primera línea de defensa natural.
Ante el aumento de la erosión costera, las marejadas y el nivel del mar, las obras rígidas tradicionales, como muros y escolleras, suelen trasladar el problema hacia zonas adyacentes. La naturaleza ofrece soluciones más eficientes y dinámicas:
- El sistema dunar y la vegetación psamófila absorben la energía de los eventos extremos y funcionan como reservorios naturales de arena.
- Los humedales costeros filtran contaminantes, regulan las inundaciones y almacenan carbono.
Proteger estos ecosistemas representa una inversión directa en infraestructura verde. Del mismo modo, la calidad del turismo costero, uno de los motores económicos del país, depende directamente de la salud de estos paisajes. Una playa erosionada o una laguna contaminada pierden rápidamente su valor social y económico.
De las leyes a la acción: gobernar el océano como un todo
Uruguay cuenta con una base normativa relevante: el artículo 47 de la Constitución, la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (N.º 17.234), la Ley de Pesca (N.º 19.175) y la declaración del mar territorial como Santuario de Ballenas y Delfines.
Sin embargo, la distancia entre la norma escrita y su aplicación efectiva continúa siendo amplia. Un área protegida sin presupuesto, personal ni monitoreo corre el riesgo de convertirse solamente en una línea dibujada sobre un mapa.
El principal reto consiste en superar la gestión fragmentada. El océano funciona como un sistema integrado, pero nuestras instituciones suelen administrarlo en compartimentos estancos: la pesca por un lado, el turismo por otro, el medio ambiente por su cuenta y la agricultura sin una conexión explícita con el mar.
Es necesario avanzar hacia una Planificación Espacial Marina (PEM) que ordene de forma equilibrada los usos de los espacios oceánicos, incluidos la pesca, el transporte, el turismo, la energía y la conservación.
Asimismo, como demuestra la evidencia científica internacional, consolidar Áreas Marinas Protegidas efectivas, en línea con el objetivo global del 30 %, no frena el desarrollo. Por el contrario, contribuye a asegurar la productividad pesquera y la resiliencia climática del país a largo plazo.
Una hoja de ruta para Uruguay
Para llevar este propósito a la práctica, Uruguay debe articular una estrategia fundamentada en cinco pilares de Estado:
- Una Política Nacional del Océano interministerial e integrada.
- Investigación oceanográfica continua y fortalecimiento de la flota científica.
- Gestión pesquera basada en criterios ecosistémicos.
- Manejo integrado de cuencas continental-marinas.
- Conservación de la infraestructura natural como inversión estratégica (Fig. 4).
Fig. 4. Cinco pilares para construir una verdadera Economía Azul en Uruguay. Una estrategia oceánica de largo plazo requiere integrar cinco componentes inseparables: una Política Nacional del Océano, investigación oceanográfica, gestión pesquera ecosistémica, manejo integrado de cuencas y conservación de la infraestructura natural. La fortaleza del modelo depende del funcionamiento conjunto de todos ellos.
Reflexión final: el océano como espejo
Durante siglos, la pregunta de la humanidad hacia el mar fue puramente extractiva: ¿cuánto podemos obtener de él?
En este siglo, la pregunta urgente debe ser la inversa: ¿qué transformaciones estructurales debemos realizar en nuestros sistemas de producción, consumo y gobernanza para preservar la capacidad regenerativa del océano?
El océano funciona como un espejo impecable. En la salud de sus aguas se reflejan nuestras prioridades políticas, la solidez de nuestras instituciones y nuestro nivel de responsabilidad frente a las generaciones futuras.
Uruguay se encuentra en un punto de inflexión. Puede continuar considerando el mar como una periferia estacional y extractiva o asumir plenamente su vocación de país oceánico.
La Economía Azul no debe ser una frase de moda destinada a maquillar las mismas prácticas de siempre. Debe marcar un cambio de rumbo basado en el conocimiento, la equidad y el rigor científico.
El futuro de nuestro mar no se decidirá en las olas, sino en las decisiones que tomemos hoy como sociedad.
